El Gobierno español permite que se corte Internet para proteger los derechos de autor

Otro paso más que nos precipita a una inminente guerra civil en España. El Gobierno nacional ha aprobado una ley que permite que se corte Internet bajo el pretexto de proteger los derechos de autor. Efectivamente, es otra solución mágica ante la piratería en la red. Solución mágica, pero inviable y, por ley, imposible de llevarla a la práctica.

La cosa es que esta normativa se ha metido dentro de la nueva Ley de Economía Sostenible -que como su propio nombre indica, tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, nótese la ironía- y ahora, mediante la alteración de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La ley de Propiedad Intelectual (LPI), los órganos competentes podrán solicitar a los operadores y proveedores de servicios de Internet, y estos tendrán la obligación de facilitar, los datos de cualquier usuario que esté vulnerando la ley.

Ahora podríamos hacer una disertación sobre esta nueva ley, pero mejor vamos al meollo del asunto, empezando por preguntar cuales son los órganos competentes y quien tiene poder para decir si son o no competentes, aspectos que ahora mismos se desconocen totalmente. Después pasamos a quién tiene potestad para decir que un usuario está descargando material sujeto a derechos de autor, que por otra parte, en España sigue sin ser delito, siempre que no haya afán de lucro. Seguidamente, observamos que el único que puede ordenar un corte de Internet es un juez, el cual teóricamente, dirá que eso supone la vulneración de varios derechos constitucionales individuales. Y finalmente, nótese que para poder comprobar que un usuario está descargando material sujeto a derechos de autor se necesita violar el secreto de las comunicaciones infringiendo la ley.

Próximos episodios de esta tagicomédia, en breve, mientras los que tienen que aprender, prefieran prohibir y pisotear a los usuarios ante la ignorancia y con el fin de proteger un modelo de negocio estancado en la época del mamut de la última glaciación. Todo conduce al mismo punto, y es que no se puede aplicar. A menos claro, que el estado del bienestar se convierta en una dictadura.